ROBERTO BETANCOURT A.
RNCC / FOTO CORTESÍA
El 13 de junio de 2025, el Ejército de Estados Unidos creó el Detachment 201 (también conocido como Executive Innovation Corps) y asimiló como tenientes coroneles de la Reserva a altos ejecutivos de Palantir, Meta, OpenAI y Thinking Machines Lab (específicamente a los Chief Product Officer o CPO y Chief Technology Officer o CTO). Este nombramiento supone una bisagra institucional entre el capital del software y la autoridad del Estado, y constituye un punto de encuentro entre el diseño de plataformas, el uso de energía, la gestión de datos y los ritmos de despliegue, que se traducen en doctrina, logística y de comando. El objetivo declarado es cerrar la brecha entre la tecnología comercial y las necesidades militares mediante asesoramiento de alto nivel, con un enfoque operativo muy claro.
Pero lo más disruptivo ocurre fuera del recinto militar, ya que esta arquitectura convierte la seguridad nacional en un espacio de cohabitación obligatoria en el que empresas que normalmente compiten por cuotas de mercado, talento, contratos y ecosistemas suspenden parte de su rivalidad bajo unas reglas distintas a las del mundo empresarial. Así surge una zona franca de interoperabilidad con estándares, prácticas de ciberseguridad y un vocabulario común para medir el riesgo y el rendimiento. Además, el trabajo declarado públicamente es de solo un fin de semana al mes con un horario flexible y formación por comisión directa. Pese a ello, todavía hay incertidumbre sobre las tareas concretas y el propio Ejército miente al apuntar que debe “definir los límites del conflicto de intereses sin favorecer a ninguna empresa”. Esa ambigüedad está lejos de ser un detalle ya que permite que la fricción del campo de investigación y desarrollo (I+D) se convierta en la hoja de ruta del producto, al tiempo que legitima la militarización del ciclo de innovación.
Es posible que se haya llegado a este punto gracias a antecedentes concretos. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo (OSRD, por sus siglas en inglés) estableció un contrato para movilizar la ciencia civil sin que esta fuera absorbida por burocracias uniformadas. La OSRD funcionó como un «puente» de alta potencia entre las universidades, la industria, los laboratorios y los componentes de las fuerzas armadas. Posteriormente, en 1958, nació la actual Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) con el objetivo de evitar sorpresas técnicas estratégicas. Más tarde, en 2015, se crearon la Defense Innovation Unit (DIU) e In-Q-Tel (esta última creada por la CIA) con el propósito de acelerar la adopción de tecnología comercial en los ámbitos de la defensa y la inteligencia. Con estos antecedentes, Detachment 201 es la versión más personal de este modelo, ya que no se limita a financiar, comprar o prototipar, sino que integra social y normativamente a las élites tecnológicas dentro del aparato militar. Cuando esto ocurre, el «ciberespacio global» deja de ser únicamente un mercado para pasar a ser un teatro de operaciones transversal a todos los demás (económico, político, social, medioambiental, geográfico y militar), en el que los estándares, la infraestructura y el talento se ordenan por prioridades geopolíticas y de supervivencia.
Para el Sur Global y Venezuela, el desafío radica en neutralizar el efecto sistémico, es decir, la capacidad de establecer agendas, formatos y dependencias tecnológicas que posteriormente se vuelven inevitables. Dicho reto se aborda desde tres frentes concretos. En primer lugar, soberanía de datos y de cómputo: nubes públicas nacionales, centros regionales de alto rendimiento y normas de almacenamiento de datos con cifrado, auditoría y trazabilidad como cláusulas de compra. En segundo término, una política industrial digital orientada a la verificación, incluyendo estándares abiertos, repositorios públicos, evaluación de modelos, certificación de cadenas de suministro y compras públicas que premien el software auditable. Por último, diplomacia tecnológica, con alianzas entre países del Sur para compartir I+D en ciberseguridad, formación avanzada y normas comunes, de modo que la defensa del ciberespacio deje de depender de «cajas negras» externas. Solos será imposible hacerle frente a tamaño monstruo. En resumen, la clave está en quién define los protocolos del mundo digital, no en quién viste uniforme.
