Gremios condenaron un proyecto que impide el acceso libre, irrestricto y oportuno a la información pública
OIR-MPPCI COJEDES
RNCC / FOTO CORTESÍA
Las agrupaciones de periodistas en Bolivia expresaron en una mensaje su oposición al proyecto de ley que restringe el acceso a la documentación y la información pública en ese país, el cual había sido aprobado previamente por el Senado Nacional.
Según el gremio de periodistas, la propuesta limita el derecho de los ciudadanos a obtener información pública y quebranta las garantías dispuestas en la Constitución Política del Estado, infringiendo el derecho a la información.
La declaración asegura que el proyecto impide el acceso libre, irrestricto y oportuno a la información pública, lo cual es un derecho consagrado en el artículo 106 de la Constitución Política; también contradice los criterios internacionales sobre libertad y transparencia informativa.
El proyecto habría aprobado en el Senado sin haber socializado con los ciudadanos o las instituciones que representan al periodismo y a la sociedad civil, aunque previamente se había acordado otra propuesta con entidades especializadas.
Los periodistas afirman que el plan contiene una secuencia de trámites burocráticos y requisitos que obstaculizan la obtención de información, tales como tener que presentar solicitudes por escrito, proporcionar fotocopias del carnet de identidad y registrar datos personales, elementos amenazan la labor periodística, sobre todo en investigaciones de interés público.
Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, acusó que el gobierno trató de acallar sus intervenciones públicas y desacreditarlo frente a la opinión pública, empleando recursos estatales.
La acusación fue formulada al comentar sobre los dichos del exministro de Trabajo, Edgar Morales, y en los que se afirmaba que la hija de Rodrigo Paz Pereira, el presidente, tenía el control sobre quiénes debían hablar con la prensa.
En Bolivia está vigente el Decreto que dicta el Estado de Excepción, normativa que limita severamente las protestas y manifestaciones, a lo que se sumaría ahora la censura previa en las noticias.
El estado de excepción incluye un toque de queda en áreas específicas y también puede restringir la venta y el consumo de alcohol, así como los servicios bancarios en zonas donde haya bloqueos o violencia.
La medida fue tomada con diversas reaccione por los sectores movilizados: Por un lado, la Central Obrera Boliviana firmó un acuerdo con el gobierno y suspendió sus medidas de presión; pero, por otro lado, otras entidades como la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz optaron por continuar sus movilizaciones.
