El gobierno de José Raúl Mulino impone estado de urgencia, suspende derechos constitucionales y silencia las protestas sociales
OIR-MPPCI COJEDES
RNCC / FOTO CORTESÍA
Una nueva ola represiva sacude Panamá. El gobierno de José Raúl Mulino ha decretado estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro —fronteriza con Costa Rica— entre el 20 y el 25 de junio, dejando un saldo provisional de 192 detenidos, un muerto y decenas de heridos, según denuncias ciudadanas.
La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, llega en respuesta a las protestas contra una reforma de pensiones y ha despertado una fuerte condena entre defensores de derechos humanos.
El decreto presidencial suspende garantías fundamentales: derechos de reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus, inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa. En la práctica, habilita detenciones sin orden judicial ni explicación, la suspensión del hábeas corpus, allanamientos arbitrarios, control sobre dispositivos electrónicos, y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas.
El detonante fue la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones. Aunque los bloqueos en Bocas del Toro se habían detenido, la detención de tres líderes sindicales reactivó la protesta. Desde entonces, se reportan represión violenta, cortes de comunicaciones, desapariciones forzadas y tratos degradantes, especialmente contra población indígena: hay denuncias ciudadanas de hombres desnudados, rapados y exhibidos por las fuerzas de seguridad.
