El paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana el 1° de mayo ha degenerado en violencia masiva
OIR-MPPCI COJEDES
RNCC / FOTO CORTESÍA
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras en Bolivia cumplieron este lunes 18 días consecutivos. Esto, en el marco de un paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), el pasado 1° de mayo. Se trata de una crisis que ha ido escalando progresivamente y que hoy mantiene al gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrentando una de las situaciones políticas más complejas del último tiempo.
Las primeras protestas comenzaron en abril, en rechazo a la Ley 1720: una polémica normativa sobre tierras y propiedad agraria impulsada por el gobierno del presidente Paz. Lo que partió como una crítica a una medida puntual, rápidamente se transformó en un cuestionamiento más amplio a la conducción del gobierno.
La ley, promulgada el 10 de abril, buscaba permitir que pequeños propietarios rurales reclasificaran voluntariamente sus tierras para acceder a créditos bancarios, utilizando sus terrenos como garantía. Esto, para los detractores implicaba que la tierra dejaba de ser inembargable para convertirse en un activo financiero ejecutable. Aunque el gobierno aseguró que no afectaba a territorios indígenas, la medida fue interpretada como una amenaza estructural por amplios sectores.
A esto se sumó un detalle que molestó aún más a estos grupos: la falta de consulta previa, un requisito constitucional en Bolivia en materias que afectan directamente a pueblos originarios, lo que terminó por encender el conflicto.
Durante el mes pasado, las protestas comenzaron a crecer tanto en intensidad como en convocatoria. A las organizaciones indígenas se sumaron sindicatos, profesores, trabajadores de la salud y diversos sectores sociales, ampliando las demandas y aumentando la presión sobre un gobierno que no logró contener el descontento.
Las manifestaciones escalaron con la marcha indígena y campesina amazónica convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que partió el 8 de abril desde Cobija y recorrió el país durante casi un mes hasta llegar a La Paz. Esta movilización obligó al gobierno a derogara la Ley 1720 el pasado 13 de mayo. Sin embargo, para ese momento la crisis ya había adquirido una dimensión mucho mayor.
El gobierno ha calificado las movilizaciones como parte de un “plan macabro”, denunciando incluso un supuesto financiamiento de las protestas proveniente del narcotráfico y mafias vinculadas al Chapare que estarían inyectando recursos para sostener los bloqueos con el objetivo de desestabilizar al Estado y recuperar control territorial
