Colombia, durante años modelo de integración de los venezolanos, anuncia deportaciones de migrantes irregulares

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RNCC / FOTO CORTESÍA

“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Con esas palabras, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un giro en la política migratoria de Colombia. El mandatario ordenó operativos para localizar a extranjeros que hayan cometido delitos y, en segundo lugar, a quienes no tengan regularizada su situación. Estos últimos, dijo, “tendrán que ser deportados”.

La medida afecta potencialmente, sobre todo, a los venezolanos. Colombia es el principal país receptor de la diáspora venezolana, albergando a 2,84 millones de personas, muchos de ellos con doble nacionalidad.

La decisión resulta especialmente significativa porque Colombia siguió durante años una política de regularización e integración. El Estatuto Temporal de Protección, creado en 2021, permitió acoger a buena parte de los venezolanos y les abrió una perspectiva de permanencia de hasta diez años.

Se estima que de los 2,84 millones de venezolanos registrados en Colombia, casi 1,97 millones cuentan con un Permiso por Protección Temporal, unos 322.000 están todavía en proceso de regularización y cerca de 30.000 tienen otro tipo de documentación. Otros 526.725 se encuentran en situación irregular.

El anuncio presidencial reúne dos grupos diferentes: extranjeros que hayan cometido delitos y personas que simplemente carecen de estatus migratorio regular.

El lema de De la Espriella recuerda al “America First” de Donald Trump. Para Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la semejanza es clara: “En general, el discurso se parece mucho al de Trump”, tanto por el énfasis en “primero los colombianos” como por presentar a los migrantes como “una amenaza o una carga”. Pero todavía faltan detalles para saber hasta dónde llegará la política colombiana.

}El fenómeno tampoco se limita a Colombia. Meyer menciona a José Antonio Kast en Chile y las restricciones aplicadas por Daniel Noboa en Ecuador.

“Es como una ola de diferentes gobiernos que han adoptado en su discurso político una caracterización de las personas migrantes como criminales y como problemas que hay que expulsar del país”.

A comienzos de este siglo, varios países sudamericanos reforzaron los derechos de los migrantes y discutieron incluso fórmulas de ciudadanía regional. Pero de eso ya solo quedan cenizas. Ahora se observan políticas más restrictivas y un mayor énfasis en soberanía, control y seguridad.

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