La celeridad procesal se convierte en el eje central de este proceso, lo cual garantiza que el ciudadano común cuente con vías oportunas de apelación y sentencia
ESPECIAL
MISIÓN VERDAD / RNCC / FOTO CORTESÍA
La transformación del sistema judicial venezolano se sustenta en la consulta directa con las bases sociales y con los operadores jurídicos de la nación. Con el impulso del Ejecutivo y del Legislativo se convocó la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal por la Asamblea Nacional, un despliegue nacional diseñado para recoger las propuestas y los nudos críticos percibidos por defensores, jueces, fiscales y comunidades organizadas. Este ejercicio de consulta pública legitima el marco legal al adecuar los códigos y procedimientos penales a la realidad cotidiana del país.
El reajuste del sistema penal tiene como prioridad la simplificación de los trámites y la dignificación del trato a los privados de libertad. Mediante la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y los órganos jurisdiccionales, se busca erradicar las demoras en las audiencias y optimizar los lapsos de reclusión preventiva.
Al abrir los debates parlamentarios a las mesas técnicas de trabajo y a los movimientos de derechos humanos locales, el Estado venezolano consolida un marco legal penal robusto que cuenta con el respaldo y la contraloría social de la población. La reforma, por lo tanto, constituye una política pública participativa orientada a fortalecer la cohesión social y la estabilidad interna del país.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FRENTE A LAS PRESIONES EXTERNAS
La renovación integral de las estructuras judiciales constituye un ejercicio pleno de soberanía jurídica que sitúa la República por encima de los intentos foráneos de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Al actualizar de manera interna y autónoma sus propios mecanismos de control penal y constitucional, el Estado venezolano desactiva los discursos que pretenden justificar la injerencia extranjera bajo el pretexto de una supuesta debilidad institucional.
La solidez de este proceso demuestra que el país cuenta con las capacidades técnicas y legales necesarias para autorregularse y perfeccionar sus instituciones públicas. Este reformateo del sistema judicial representa una política de Estado orientada a garantizar la paz social a largo plazo. El resultado final de esta reforma, cuya presentación formal marcará el inicio de una nueva etapa jurídica, traducirá la consolidación de un sistema de justicia eficiente y adaptado a los desafíos de la actualidad.
Nuevas plataformas tecnológicas y dejar de criminalizar la pobreza
La Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que frente al desafío que representa el retardo procesal serán implementadas nuevas plataformas tecnológicas, destacando que el uso de la inteligencia artificial es una herramienta clave para optimizar los tiempos y la efi ciencia del sistema de justicia en el país.
Durante el balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Rodríguez destacó que la promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es una medida que busca enfrentar tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza. Rodríguez indicó que la lucha frontal contra la corrupción judicial es como un problema que afecta a toda la sociedad y que requiere una solución definitiva. En su alocución hizo énfasis en la necesidad de incorporar mecanismos de control rigurosos dentro de la reforma penal para erradicar prácticas como la extorsión y el cobro de comisiones por parte de funcionarios judiciales. “La corrupción judicial es problema de todos y de todas, bueno vamos a atenderlo, eso debe resolverse definitivamente”, precisó.
Según la mandataria nacional, es imperativo establecer protocolos que impidan que los servidores públicos utilicen su cargo para obtener beneficios indebidos, garantizando así la integridad y transparencia del sistema. Asimismo, la Jefa de estado puso el foco en un tercer desafío crítico: La criminalización de la pobreza y la existencia de una “pirámide invertida” en la penalización de las conductas. A juicio de Rodríguez, es necesario corregir las distorsiones que actualmente afectan la aplicación de la ley, asegurando que el sistema de justicia debe dejar de castigar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
