La Vicepresidenta Ejecutiva, aseguró que ante toda circunstancia debe prevalecer la defensa de la política soberana de los recursos de la nación, señalando que las medidas coercitivas han violado los derechos de los venezolanos
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RNCC / FOTO VICEPRESIDENCIA
Este viernes, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que ante toda circunstancia, debe prevalecer la defensa de la política soberana de los recursos energéticos del país, que comenzó a gestarse cuando llegó el Comandante Hugo Chávez, y que continúa adelante con Nicolás Maduro.
En este sentido, aseguró que despojar al país de sus bienes y patrimonios fue una estrategia de la extrema derecha venezolana. Durante el inicio de la cuarta cohorte del Diplomado “Medidas Coercitivas Unilaterales” que se llevó a cabo en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, Rodríguez, reiteró que “fue una estrategia por parte de la extrema derecha el despojar al país de sus bienes y el apoderamiento del patrimonio de los venezolanos”.
Durante su ponencia, Rodríguez hizo un repaso del despojo de los recursos en el exterior en complicidad de la extrema oposición venezolana, que se comenzó con una banda criminal que tomó el poder del Parlamento Nacional en 2015, y desde el Poder Legislativo se produjo las entregas de los recursos financieros de los venezolanos que consistió de la congelación en el exterior.
“En el caso de Venezuela, las medidas coercitivas unilaterales han significado delito de lesa humanidad porque habido violación masiva de los derechos humanos, sin distinción alguna. Son políticas que se aplican y afecta a todo el mundo, en materia de salud, educación, alimentación, vivienda; de todo el sistema de programas sociales, y por eso el Presidente Maduro tuvo una política correcta inspirada en un profundo amor por el pueblo venezolano”, apuntó.
Asimismo, Rodríguez resaltó que en la actualidad pesan sobra la nación 1.039 Medidas Coercitivas Unilaterales dirigidas al pueblo venezolano, que bajo la figura ilícita de “sanciones” significaron el bloqueo a las deudas, la prohibición a la repatriación de los dividendos, confiscación de activos de la nación en otros países como Citgo, Monómeros y otros.
Del mismo modo, estas medidas establecieron la prohibición de operaciones a las petroleras internacionales en el país, así como sanciones directas a directivos de empresas petroleras, buques y personal de transporte marítimo que operaban con el sector energético y minero de Venezuela.
Igualmente, impusieron sanciones a socios y aliados estratégicos de la empresa estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa), demandas judiciales, congelación y confiscación de recursos en bancos, usurpación de funciones, entre otras medidas, muchas de las cuales se configuran como delitos tanto en Venezuela como en los propios Estados Unidos.
