La nueva etapa de la consulta nacional dio inicio desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) en Los Teques
OIR-MPPCI COJEDES
RNCC / FOTO CORTESÍA
El fiscal general de la República, Larry Devoe, anunció este miércoles que se retomó la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, luego de atender las contingencias provocadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
«Iniciamos este nuevo ciclo desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), haciendo un recorrido por sus áreas para escuchar directamente a las privadas de libertad y sus familiares», informó».
Además, destacó que el objetivo es construir juntos «un diagnóstico compartido sobre el funcionamiento del sistema penal».
Devoe detalló que, hasta el momento, han visitado ocho estados, escuchando a todos los sectores, con más de 18 encuentros y 140 mesas de trabajo conjunto, con el fin de «ir avanzando decididamente en la transformación definitiva y profunda de la justicia penal en nuestro país».
«Tenemos la firme convicción de que la reforma de la justicia se construye escuchando a todos los sectores», aseveró.
Asimismo, aseguró que, a partir de los aportes recibidos, trazan una hoja de ruta común para corregir, optimizar los procesos y avanzar hacia un sistema penal más humano y justo.
El pasado 1° de junio, la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, dio inicio a la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, consolidando un hito en los esfuerzos del Estado por estructurar un proceso democrático y participativo que transforme de raíz la administración de la justicia penal en todo el territorio venezolano.
Con el propósito de descentralizar el debate, la consulta inició un despliegue nacional a través de jornadas de calle y mesas de trabajo organizadas por circuitos.
Esta metodología, que se vio interrumpida por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, contempla la incorporación de jueces, tribunales móviles, fiscales y diputados de la Asamblea Nacional, quienes se trasladarán a los espacios públicos y judiciales de cada rincón del país para articular esfuerzos directamente con las comunidades organizadas
