FRANCO VIELMA
RNCC / FOTO CORTESÍA
La actual realidad de Bolivia puede definirse como una emergencia multidimensional y sistémica. Nuevamente, el país andino se encuentra sumido en un severo estallido social y una profunda crisis de legitimidad que asedia al gobierno en funciones. Con apenas unos meses en el cargo, el presidente Rodrigo Paz enfrenta un escenario de movilizaciones extremas que presionan por su renuncia, mientras los accesos a la capital permanecen totalmente sitiados. El cuadro nacional combina el colapso del modelo económico, escasez de combustibles, alta inflación y una fragmentación política que ha escalado a la abierta confrontación callejera.
EL LABERINTO POLÍTICO Y LA FRACTURA DE LA IZQUIERDA
Aunque el gobierno de Rodrigo Paz ha tomado medidas profundamente impopulares, el origen del estallido actual se incubó durante la gestión de Luis Arce. Fue en ese periodo cuando se produjo la ruptura definitiva dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) entre las fuerzas de Arce y los leales a Evo Morales. Esta confrontación interna colateralizó a toda la sociedad: los partidarios de Morales implementaron un férreo filibusterismo parlamentario que maniató al Ejecutivo, mientras Morales articulaba recurrentes cierres de vías denunciando una “traición” a las bases sociales.
Ante el debilitamiento de su gestión, el gobierno de Arce apeló al lawfare para inhabilitar electoralmente a Morales. El resultado de esta fractura fue catastrófico para la izquierda en las elecciones generales de 2025, quedando fuera de la segunda vuelta tras la dispersión del voto. No obstante, el llamado de Morales al voto blanco y nulo alcanzó un histórico 29% del padrón electoral, consolidándose como la segunda fuerza política real frente al 32,08% obtenido por Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano).
Esta disrupción dejó a amplios sectores de la población sin representación institucional, un vacío que hoy se canaliza en las calles. Actualmente, Morales colidera la revuelta junto a actores clave como Mario Argollo (COB), la Federación Campesina Túpac Katari, los Ponchos Rojos y poderosos gremios de mineros y transportistas, reactivando un bucle de inestabilidad endémica que arrastra el país desde la década de los 90.
EL COLAPSO DEL MODELO Y EL SHOCK NEOLIBERAL
En el plano económico, las causas del destre se remontan a 2006, año en que Bolivia comenzó a importar combustibles de manera sistemática. Durante casi dos décadas, la estatal YPFB descuidó la inversión en exploración de hidrocarburos, obligando al país a importar hoy el 50% de su gasolina y el 90% de su diésel bajo un esquema de subsidios estatales congelados en el tiempo. Para sostener este modelo, la administración de Arce recurrió a la emisión inorgánica de dinero, lo que devino en devaluación, déficit comercial y una aguda escasez de divisas al cierre de su mandato.
Al asumir la presidencia, Rodrigo Paz aplicó un severo programa de ajuste que aceleró la conflictividad. Entre finales de 2025 y principios de 2026, el nuevo Ejecutivo decretó el retiro de los subsidios a los carburantes, disparando la gasolina especial de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro, y el diésel de 3,72 a 9,80 bolivianos, provocando el rechazo unánime del sector transporte, que además denuncia el deterioro de sus unidades por la pésima calidad del suministro importado.
A este paquete se sumaron la reducción del presupuesto público, la pérdida de programas sociales y la polémica Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Aunque esta última fue abrogada recientemente por la presión popular tras ser catalogada por el campesinado como un instrumento que favorecía al latifundio, su derogación no ha logrado mitigar la intensidad de las protestas en el territorio nacional.
UN PAÍS EN VILO ANTE EL ATRINCHERAMIENTO INSTITUCIONAL
El gobierno de Rodrigo Paz calculó erróneamente el impacto político de su agenda neoliberal. Sin embargo, la probabilidad de una renuncia presidencial o un derrocamiento militar a corto plazo aún luce baja. Paz aplica una estrategia de flexibilidad táctica, atrincherándose en el respaldo de los sectores patronales y el apoyo de factores extranjeros. El precedente de 2019 con Jeanine Áñez demostró que el establishment boliviano es capaz de resistir reacciones sociales de gran magnitud si logra cohesionar los factores de poder real.
En la acera opuesta, el conflicto se personaliza en la figura de Evo Morales, quien permanece en condición de rebeldía en su bastión político del Chapare (Cochabamba), resguardado por miles de civiles y sindicatos que impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. Morales ha alertado, incluso, sobre la posibilidad de una intervención directa de agencias estadounidenses en su captura.
Lo verdaderamente preocupante del escenario actual es la ausencia absoluta de mecanismos institucionales de diálogo o negociación multisectorial para destrabar el conflicto.
Aunque el presidente Paz intenta maquillar la crisis con reformas estéticas en su gabinete para comprar lealtades, el desgaste y la deslegitimación de su gobierno avanzan a una velocidad inédita en la historia reciente. Bolivia se encuentra atrapada en una carrera contra el tiempo: mientras los bloqueos empujan a las principales ciudades hacia un desabastecimiento crítico, las bases sociales resisten y el Palacio de Quemado se niega a ceder.
