OIR-MPPCI COJEDES
RNCC / FOTO CORTESÍA
Otra vez, la motosierra Milei pretende arrasar con normas luchadas por el pueblo argentino en la búsqueda de su bienestar.
En medio de una creciente crisis climática mundial y tras una temporada de incendios forestales devastadora en la Patagonia durante la temporada 2024- 2025, el Gobierno de Javier Milei ha iniciado gestiones para derogar o modificar la Ley de Glaciares, una normativa que desde el 2010 aporta un marco legal sólido para proteger las reservas hídricas del país, imprescindible para todo el territorio, en especial para provincias más áridas.
La iniciativa, que busca “destrabar proyectos mineros” —en particular de cobre y litio, se aceleró en las últimas semanas con el apoyo de gobernadores ávidos de inversiones, en un contexto donde el Gobierno nacional recorta transferencias federales y promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorga beneficios extraordinarios a corporaciones extractivistas.
Detrás de la urgencia del gobierno por reformar la ley hay una realidad incómoda: decenas de proyectos mineros que ya operan ilegalmente sobre glaciares y ambientes periglaciares. Permitir que el sistema de glaciares argentino sea intervenido por actividades megamineras de forma intensa afectará el papel crítico del periglaciar en la estabilidad hídrica, dadas las explosiones, drenajes ácidos, movimientos de suelos y desvío de cursos de agua que estas conllevan, un retroceso evidente tras en convertirse el primer país del mundo en contar con una legislación específica para la protección de estos ecosistemas.
