Once países condenan demolición de sede de UNRWA en Jerusalén Oriental ocupada
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RNCC / FOTO CORTESÍA
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) alertó sobre la gravedad del contexto actual en los territorios ocupados, calificando los hechos iniciados el pasado 20 de enero, que concluyeron en la demolición de la sede de la Agencia, como un “desafío sin precedentes” al orden internacional. El reporte de la agencia destaca de 380 empleados asesinados y 300 instalaciones destruidas o dañadas durante los últimos dos años y medio de ofensiva genocida perpetrada por Israel.
A este panorama se suma la implementación de legislación interna israelí que ha forzado la salida del personal internacional de la agencia de los territorios ocupados.
La agencia recordó que este es el segundo ataque de este tipo contra la sede en los últimos dos años, tras un intento previo en mayo de 2024.
Jonathan Fowler, vocero de UNRWA, declaró que “los Estados deben reconocer la dura y peligrosa realidad”, agregando que “el problema va mucho más allá de UNRWA”.
Fowler afirmó que “esta y otras acciones similares anteriores contradicen la sentencia de octubre de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reafirmó que Israel está obligado por el derecho internacional a facilitar las operaciones de la UNRWA, no a obstaculizarlas ni impedirlas. El tribunal también enfatizó que Israel no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Oriental”.
“No olvidemos que esta es una instalación de las Naciones Unidas que fue asaltada en flagrante desafío al derecho internacional”, agregó el funcionario.
Once naciones, integradas por un bloque de nueve países europeos junto a Canadá y Japón, emitieron este miércoles 28 de enero un comunicado conjunto de condena ante la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el este de Jerusalén ocupada.
Los países firmantes calificaron la acción de las autoridades israelíes como un intento deliberado de socavar la labor humanitaria de la organización, la cual resulta fundamental para el sustento y la estabilidad de millones de refugiados palestinos en la región.
La declaración subraya que la destrucción de estas instalaciones no solo vulnera el estatus legal de Jerusalén Oriental, sino que representa una violación directa al derecho internacional.
Según el documento, este tipo de agresiones pone en riesgo la prestación de servicios básicos de salud y educación, agravando la ya precaria crisis humanitaria en los territorios ocupados.
En consecuencia, las potencias internacionales instaron a Israel a garantizar que las agencias humanitarias operen sin presiones políticas ni obstáculos físicos.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció previamente que, tras la demolición ilegal de la estructura, los restos del complejo fueron incendiados de forma intencionada.
El organismo describió estos hechos como parte de una estrategia para desmantelar la condición de refugiado de la población palestina y borrar su legado histórico.
