La ONG denunció que los ataques de Estados Unidos en el Caribe son “ejecuciones extrajudiciales”
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RNCC / FOTO CORTESÍA
Los ataques militares de Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente utilizadas por personas narcotraficantes, que según la administración Trump dejaron al menos 14 personas muertas, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales, señaló este viernes la ONG Human Rights Watch. Los ataques se producen en el marco de los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar sus atribuciones para atacar a los llamados “narcoterroristas”, lo que podría facilitar más violaciones de derechos humanos.
“Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”, afirmó Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de Human Rights Watch.
El uso de fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en estos dos ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado, protege el derecho a la vida. Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, quienes participan en tareas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, deben actuar buscando siempre minimizar los daños y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente.
En ambos ataques, las autoridades estadounidenses no hicieron ningún esfuerzo por minimizar el daño ni han demostrado que las personas a bordo de las embarcaciones representaran un riesgo inminente para la vida. Tampoco se intentaron alternativas no letales, como la intercepción o el arresto. Por el contrario, los funcionarios del gobierno han descrito los ataques en términos que los vuelven ejecuciones selectivas ilegales. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con otras dos personas expertas en derechos humanos de la ONU, ha condenado en una declaración conjunta ambos ataques calificándolos de ejecuciones extrajudiciales.
El derecho internacional humanitario, que regula la conducción de hostilidades en situaciones de conflicto armado, no se aplica en este contexto. Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con los grupos delictivos implicados. Los gobiernos de otros países deberían condenar estos ataques, tanto en público como en privado, señaló Human Rights Watch.
“El ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, afirmó Yager.
“El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando”, puntualizó.
