EDUARDO MARIÑO RODRÍGUEZ
RNCC / FOTO CORTESÍA
Una de las grandes mentiras de la oposición venezolana es que “las sanciones se van con Maduro”. Esa, lamentablemente, es una de las fantasías más ilusas que existen. De ese yugo de medidas coercitivas unilaterales, embargos y recursos congelados que nos endilgó estúpidamente la derecha venezolana es muy probable que nunca salga mos. Lo que nos obligará a buscar otros rumbos para nuestra economía, para nuestro porvenir, lejos de las costas del imperialismo norteamericano y de sus vasallos occidentales.
Como lo ha señalado muchas veces el Presidente Maduro, el actual régimen de “licencias” que maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, es un modelo de neocolonialismo que efectivamente pone en manos del gobierno norteamericano, amplios sectores de la economía nacional, como el petróleo y el oro, pero también los puertos, aeropuertos, sistemas de carga aéreo y naval y especialmente, el sector financiero del país.
Ese control sobre la economía de un país, que la oposición entregó en bandeja de plata no es algo a lo que ningún gobierno, y menos uno de carácter imperialista, pueda renunciar fácilmente.
Un ejemplo dolorosamente concreto está en otro país de la OPEP, Iraq.
Con la excusa de las supuestas armas de destrucción masiva, Estados Unidos fue construyendo en los años ‘90 un tinglado de sanciones contra Iraq, que redujeron a cero la capacidad de maniobra del gobierno de Saddam Hussein, antiguo aliado de Washington contra la Revolución Islámica de Irán.
El régimen de sanciones de Estados Unidos sobre Iraq ha sido una herramienta clave antes, durante y después de la invasión de 2003. Estas sanciones consisten fundamentalmente en restricciones al comercio de petróleo y la supervisión de los ingresos petroleros a través del Fondo de Desarrollo para Irak (DFI), creado y administrado inicialmente por el Departamento del Tesoro. Esto permite a Estados Unidos controlar los ingresos del petróleo iraquí para supuestamente financiar la reconstrucción del país y pagar deudas internacionales, objetivos que ni remotamente se han cumplido.
A 22 años de la guerra y a pesar de haber tenido varios gobiernos títeres de Washington en Bagdad, Iraq debe pedir permiso a Estados Unidos para comprar incluso medicinas para su gente. Y es el Departamento del Tesoro quien gestiona las compras, por supuesto solo a farmacéuticas norteamericanas, en condiciones más que ventajosas, y con la respectiva tajada en corrupción y comisiones. Todo, pagadero con el dinero de la venta del petróleo de Iraq, el cual negocia Estados Unidos como le da la gana y del cual los iraquíes no ven ni un dinar partido por la mitad.
Esa es la realidad del pozo en que nos metió la oposición más apátrida que haya tenido país alguno en la historia.
Además, no debemos olvidar que el desconocimiento del gobierno legítimo en favor de un supuesto “gobierno interino”, acarreó también la pérdida de importantes activos del país en el extranjero, que pasa ron por la raqueta implacable de la oposición.
En Estados Unidos, el desconocimiento del gobierno legítimo llevó a que el país quedara indefenso en los casos judiciales promovidos también por operadores de la oposición, contra Citgo Petroleum Corporation. La gigantesca compañía refinadora y comercializadora de petróleo, gasolina, lubricantes y petroquímicos, con sede en Houston, Texas, es una filial de Petróleos de Venezuela S.A. y es (o era) uno de los activos más importantes de Venezuela en el extranjero.
CITGO se compone de tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois, con una capacidad combinada de procesamiento superior a los 800 mil barriles diarios. Además, cuenta con una serie de terminales de almacena miento y distribución, así como una importante presencia en el mercado de combustibles y lubricantes a través de una enorme red de estaciones de servicio en gran parte del sureste de Estados Unidos.
Actualmente, y debido a que el abogado del “gobierno interino”, casualmente también era abogado de sus acreedores, Citgo tiene una orden de embargo, remate y liquidación, que no se ejecuta “gracias” a una licencia del Departamento del Tesoro que la “protege”, en ciclos que se renuevan cada seis meses.
Citgo es muy importante para la economía de Estados Unidos. El año pasado tuvo ganancias netas de 1.100 millones de dólares, que debían entrar a Venezuela, pero que se quedaron en los bolsillos de la oposición venezolana que manejaba el “gobierno interino” a través de la “Asamblea Nacional 2015”. Debido a esa relevancia, es muy posible que ese remate se posponga indefinidamente o hasta que el Departamento del Tesoro encuentre la manera de resolver el tema judicial a favor de algún amigo del gobierno de turno en Washington. Lo cierto es, que las posibilidades de recuperarla, son prácticamente nulas. Mientras tanto, las ganancias que genera (unos mil millones de dólares al año) pasan a engrosar los bolsillos de la “Asamblea Nacional 2015”, la directiva falsa de la empresa y las decenas de ONG creadas por operadores de la oposición bajo las figuras de “ayuda humanitaria”, o “fortalecimiento a la democracia”, como el caso de “Súmate” de María Corina Machado.
Igualmente, nulas parecen ser las posibilidades de recuperar 31 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra y que al desconocer al Banco Central de Venezuela y al gobierno legítimo de Nicolás Maduro por instrucciones del “gobierno interino”, sencillamente y como es tradición británica en materia de oro ajeno, se lo robaron. Las intenciones de robárselo venían desde hace tiempo. Cuando Chávez repatrió el oro venezolano, en 2011, solo pudo recuperar 160 toneladas. Para ese entonces, el banco de su ladronísima majestad británica adujo diversas excusas para retrasar –in definidamente, la repatriación del resto. Luego murió Chávez, vinieron las sanciones y pues, el oro se quedó por allá.
Además, hay un montón de dinero del estado venezolano, que por razones operativas y de cobranza de nuestro país como nación petrolera, estaba en bancos europeos y estadounidenses y que ha sido confiscado y consecuentemente dilapidado por el “gobierno interino” y las innumerables ONG’s de la oposición.
Estamos hablando de unos 8.300 millones de dólares, sin contar otros 5 mil millones en Derechos Especiales de Giro del Fon do Monetario Internacional, que ni siquiera en razón de atender la pandemia o comprar vacunas e insumos, fueron devueltos o liberados.
Y es que ese dinero tampoco será devuelto. No volverá, “cuando Maduro se vaya”, así como no se irán las sanciones “cuando Maduro se vaya”. Lo más probable es que todo ese dinero se lo hayan robado Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó y esa larga camarilla de ladrones que es la dirigencia opositora.
Además, con el “oportuno” desconocimiento del gobierno venezolano y sus autoridades, algunos “países hermanos” a quienes habíamos favorecido con la venta de petróleo a descuento y a crédito, aprovecharon de “desconocer” también esas millonarias deudas y compartir ese dinero con la “oportuna” oposición venezolana.
Y si todo esto fuese poco, ahora María Corina Machado, además de celebrar el régimen neocolonial de “licencias” petroleras contra Venezuela, anuncia descaradamente que le está ofreciendo el territorio Esequibo al infame Irfaan Alí y la ExxonMobil, a cambio de que la ayuden a llegar al poder, en uno de los actos de traición a la patria más asquerosos que se hayan registra do jamás.
Ya basta de impunidad. Este doloroso y continuado daño a la nación no puede seguir impune. No es posible que el gobierno de los Estados Unidos, nuestro acérrimo enemigo, tome medidas enérgicas contra esta oposición corrupta, como cortarles los fondos de la USAID y deportarlos, mientras nosotros, desgastándonos en discursos y consignas, dejamos que sigan destrozando al país.
El Presidente de la República ha señalado que uno de los objetivos para esta nueva etapa es gobernar escuchando, obedeciendo al pueblo.
Pues bien: El pueblo venezolano quiere que se aplique la Ley Simón Bolívar y todas las leyes de la República a esa cuerda de la drones que se hacen llamar oposición. Especialmente las que se refieren a la traición a la patria. El Pueblo quiere ver presos a todos esos delincuentes y sus colaboradores y testaferros. Así como están presos operado res corruptos del gobierno, es hora que también paguen los opositores. Y que sean despojados, ellos y sus familiares y sus testaferros, de todos los bienes adquiridos con dinero robado a la nación. Que sean inhabilitados de por vida para ejercer la política, cargos públicos e incluso hacer negocios en el país. Que sean anulados para siempre sus partidos políticos, ONG, fundaciones y asociaciones civiles y sean incautados todos sus bienes.
El pueblo venezolano quiere justicia. No puede construirse un nuevo estado, no pue den sentarse las bases para una nueva democracia, no puede soñarse un futuro de paz y estabilidad, si no hay justicia.
