A juicio de defensores de derechos humanos, la normativa representa un grave retroceso en el reconocimiento de libertades fundamentales
OIR-MPPCI COJEDES
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Colectivos sociales y defensores de derechos humanos cuestionan la constitucionalidad y exigen la derogación del Decreto Legislativo 1589, al calificarlo como una medida que criminaliza la protesta social en Perú. La norma, promulgada en 2023 bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, establece penas de hasta 15 años de cárcel para delitos vinculados a movilizaciones.
Esta normativa representa un grave retroceso en el reconocimiento de libertades fundamentales como la expresión, la reunión pacífica y la opinión colectiva, y contraviene marcos normativos internacionales.
La principal crítica radica en la falta de distinción entre actos vandálicos y medidas de fuerza legítimas. El decreto penaliza la toma de carreteras y el apoyo solidario a los manifestantes, sin diferenciar situaciones de protesta pacífica de delitos comunes como el saqueo.
Expertos advierten que, bajo esta redacción, acciones civiles cotidianas —como una manifestación docente por mejoras de infraestructura— podrían ser tipificadas como extorsión, disturbio o entorpecimiento de servicios públicos.
Actualmente, este decreto se encuentra bajo revisión del Tribunal Constitucional, tras la represión del Gobierno de Boluarte y luego de una demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Puno. Los sectores demandantes sostienen que la norma es incompatible con el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
