Este 3 de noviembre se venció el plazo legal que le permitía a Trump realizar sus ataques sin el permiso del Congreso
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Este 3 de noviembre se venció el plazo legal que le permitía al Gobierno de Estados Unidos realizar sus ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental sin el permiso del Congreso, según reportaron sitios especializados del país norteamericano.
Dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó el 4 de septiembre al Congreso sobre el primer ataque a una supuesta lancha que transportaba drogas a Estados Unidos el 2 de septiembre, el tiempo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 lo obliga a cesar sus operaciones.
La normativa contempla el fin del uso de la fuerza, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o promulgado una autorización específica para el empleo de los militares; que haya prorrogado por ley el plazo de 60 días; o que se encuentre físicamente incapacitado de legislar por un ataque armado contra el país.
Para extender el período legal Trump tenía que certificar ante el Congreso “una necesidad militar ineludible” que requiriera “el uso continuado” de las Fuerzas Armadas para velar por la “seguridad nacional”. Hasta el momento no hay constancia de que lo haya presentado.
De hecho, la Administración Trump considera que no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra y puede continuar con los ataques militares sin la aprobación del Congreso, según lo han manifestado en múltiples ocasiones los voceros.
En agosto, Washington desplegó buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, frente a las costas de Venezuela, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, se llevaron a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.
Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, al cuestionar la verdadera razón de los operativos.
Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una “campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente”.
Además, los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido criticados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de “ejecuciones sumarias” contrarias a lo que consagra el derecho internacional.
De hecho, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó directamente los bombardeos.
