La operación contra el Comando Vermelho, ordenada por el gobernador Claudio Castro, es considerada la mayor masacre policial en la historia de Brasil
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RNCC / FOTO CORTESÍA
El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, cuestionó la violencia excesiva empleada por el Gobierno de Río de Janeiro durante un operativo contra el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó hasta el momento 132 muertos, y recordó que el gobernador bolsonarista Claudio Castro no colaboró con un megaoperativo federal contra el narcotráfico ordenado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La operación, desplegada en los complejos de favelas de Penha y Alemão, dejó hasta ahora 132 personas muertas —en su mayoría jóvenes negros, mientras salen a la luz testimonios de personas disparadas en el rostro o que aparecieron muertas con las manos atadas— y más de 80 detenidas. Pese a ello, el gobernador Castro la consideró exitosa.
Haddad insistió en que la lucha contra el narcotráfico requiere unidad institucional y no disputas políticas, ni violencia excesiva. Denunció que el Gobierno local no cooperó con un operativo federal contra el narcotráfico, realizado dos meses atrás para eliminar fuentes de financiamiento, el contrabando de combustible y el lavado de activos del grupo criminal Primer Comando Capital.
Haddad recordó que aquella operación se trató de “una acción coordinada desde el Gobierno federal para golpear a las cúpulas del crimen organizado, pero lamentablemente no contamos con el apoyo esperado del ejecutivo estadual”.
Enfatizó que, además de no asesinar a nadie ni violar los derechos humanos de las personas, en aquella ocasión las operaciones se concentraron en el epicentro del capital financiero, en contraste al operativo de Río que fue un despliegue violento y con consecuencias aún más violentas.
Por su parte, el gobernador de Río, Cláudio Castro, cercano al bolsonarismo, calificó el operativo como “un éxito” y sostuvo que “las únicas víctimas fueron policías”, aunque los informes oficiales contradicen esa versión.
Castro, a su vez, acusó al Gobierno federal de haber dejado al estado “en soledad” frente a una “guerra que trasciende la seguridad urbana”, justificando así la actuación violenta del despliegue.
Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (Alerj) inició una investigación en el Complexo do Alemão para supervisar las actuaciones policiales y determinar responsabilidades.
Consideradas desastrosas por especialistas, las acciones de la policía bajo el mando del gobernador Cláudio Castro superaron en letalidad tragedias previas que hasta entonces se consideraban las más sangrientas de Río, como la operación Jacarezinho en 2021, con 28 muertos, y la operación Vila Cruzeiro en 2022, que dejó 24 víctimas.
La Red Nacional de Abogados Populares (RENAP) condenó la operación y señaló que la política de seguridad del gobernador Castro “normaliza la muerte” y sustituye investigaciones por ejecuciones sumarias.
El complejo de Penha continúa siendo un escenario de terror después de la operación policial. Los habitantes, desde las primeras horas de la madrugada, intentaron recuperar los cuerpos abandonados en el bosque de Serra da Misericórdia, donde también se produjeron enfrentamientos armados.
