EDUARDO MARIÑO
RNCC / FOTO CORTESÍA
El gobierno de los Estados Unidos tiene por norma, principio y tradición juzgar y evaluar libremente y por encima de toda legalidad internacional, la calidad y forma de vida, de todos los pueblos de la Tierra, como si alguien (la providencia, diría Bolívar) les hubiera otrogado la prerrogativa de ser jueces y policías del mundo.
Esta actitud completamente indecorosa y hegemónica carece de todo asidero, mucho menos del carácter moral, pues a los Estados Unidos como sociedad les cabe completico el versículo aquel de Lucas 6:41: “¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio ojo?”.
Solo este fin de semana, en el territorio libre e inmaculado de los Estados Unidos de América ocurrieron 157 incidentes con armas de fuego (y solo estoy contando sábado y domingo).
De entre esta masacre cotidiana, que acumula 320 casos con víctimas fatales en lo que va de 2025, esta semana destacan el ataque mortal contra una iglesia mormona en Michigan, que dejó cinco muertos y ocho heridos en plena misa dominical y el tiroteo en Carolina del Norte, donde un hombre abrió fuego desde una embarcación contra un bar a orillas del río Cape Fear, dejando tres muertos y varios heridos más.
Estos ataques simultáneos muestran que la violencia armada en Estados Unidos no distingue entre lugares de culto ni espacios de recreación, pudiendo irrumpir en cualquier escenario y a cualquier hora.
Además, estos dos casos rompen la narrativa de Trump de que la violencia viene de migrantes o terroristas de izquierda. En el caso de Michigan, Thomas Jacob Sanford, de 40 años y originario de Burton, Michigan, estrelló su vehículo contra el edificio y para luego comenzar a disparar contra los feligreses e intentar incendiar el templo antes de ser abatido por agentes. Jacob Sanford era un ex-marine que estuvo desplegado en Irak y según su historial de redes sociales, es un reconocido simpatizante de Trump en la comunidad.
Mientras que en Cape Fear, el tirador fue identificado como Nigel Max Edge, de 40 años, un veterano de la Marina que resultó herido mientras estaba desplegado en Irak en 2006, siendo condecorado con un Corazón Púrpura, una Medalla de Buena Conducta del Cuerpo de Marines y una Cinta de Acción de Combate.
Los datos del sitio independiente Gun Violence Archive muestran que solo en septiembre se registraron 33 tiroteos masivos en distintas ciudades de los Estados Unidos, es decir, má s de un tiroteo por día, los cuales ocurrieron desde espacios públicos hasta lugares de culto. Esta base de datos define un “mass shooting” como cualquier incidente con al menos cuatro personas heridas o muertas por arma de fuego. Sin embargo, también lleva un registro de los incidentes diarios con menos personas involucradas, con una lista de las últimas 72 horas que es accesible en tiempo real.
Pero el deterioro social de Estados Unidos es solo el fiel reflejo del deterioro institucional del crujiente imperio.
El mandatario ordenó este sábado el despliegue de tropas estadounidenses en Portland, Oregón, autorizando el uso de la “fuerza total” si fuera necesario.
“Estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”, dijo Trump en una publicación en la red Truth Social.
“También autorizo el uso de la Fuerza Total, si es necesario”, agregó.
ICE son las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y Antifa -que proviene del término “antifascista”- se refiere a un movimiento de activistas, sin líderes, que se oponen al supremacismo blanco y a lo que consideran como “un autoritarismo creciente” en el gobierno de Trump.
El anuncio, recibido con quejas por la gobernadora de Oregon marca una mayor expansión en el despliegue de tropas en ciudades estadounidenses, en el marco de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump, supuestamente contra los inmigrantes indocumentados.
Previamente en la semana, Trump firmó una orden que designa formalmente a An tifa como “organización terrorista nacional”.
Sin embargo, expertos legales han señalado que no existe ningún mecanismo legal en Estados Unidos que establezca formalmente a ningún grupo como organización terrorista nacional. Tales esfuerzos, según afirman, podrían enfrentar impugnaciones constitucionales en virtud de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de reunión.
Legisladores locales también han acusado al ICE de perseguir a personas que no representan un peligro real para la sociedad.
“El ICE ha dicho que está buscando arrestar y detener a personas que han cometido delitos. Eso es lo que nos dijeron. Pero no es lo que estamos viendo”, declaró el viernes la representante demócrata Suzanne Bonamici.
Los legisladores citaron incidentes recientes, como la detención de un padre frente al preescolar de su hijo y la de un bombero forestal que fue arrestado mientras combatía incendios en el Bosque Nacional Olímpico. También mencionaron una estadística publicada por el Cato Institute, un centro de estudios estadounidense con sede en Washington D.C., que informó que el 65% de las personas detenidas por el ICE no tenían antecedentes penales.
A principios de este año, Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis.
En Los Ángeles, el presidente ordenó el despliegue de 2.000 agentes federales para responder a los disturbios provocados por las redadas contra inmigrantes indocumentados.
Los enfrentamientos estallaron durante varios días y se utilizó gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes que protestaban.
Un movimiento como éste (despliegue de tropas, declarar como “terroristas” a los grupos de oposición como terroristas) en cualquier otro país, inmediatamente hubieran sido catalogados por Estados Unidos como “dictadura”, “violación del orden democrático”, “restricción de derechos civiles”. Pero como decía Quino, en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos para quejarse por las violaciones al estado de derecho.
Todo parece indicar que ante la creciente desigualdad social y el deterioro de la calidad de vida, la respuesta es un incremento del autoritarismo, que generará a su vez más violencia, y división en un país ya fragmentado, lleno de drogas y con más armas que personas.
