Entre los norteamericanos ahora surge el temor a ser deportados a El Salvador por oponerse al gobierno de Trump
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RNCC / FOTO CORTESÍA
Las políticas migratorias de Donald Trump podrían expandirse a aquellos ciudadanos estadounidenses condenados, con el fin de lograr su objetivo de “mejorar” la seguridad nacional.
La sugerencia ha sido comentada por los funcionarios de la administración de Trump quienes afirman que esa puede ser una consecuencia del acuerdo de Trump con El Salvador, donde una prisión de alta seguridad mantiene a 252 venezolanos detenidos ilegalmente que, según Washington, son presuntos delincuentes y miembros de pandillas.
A ello, se suma un comentario que hizo Trump durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente salvadoreño Nayib Bukele la semana pasada, cuando dijo “los próximos son los locales”.
“Siempre tenemos que obedecer las leyes, pero también tenemos delincuentes locales que empujan a la gente en el metro, que golpean a ancianas en la cabeza… Me gustaría incluirlos en el grupo de personas para sacarlos del país”, indicó.
La declaración provocó una tormenta de críticas por parte de los defensores legales, que la calificaron de inconstitucional, especialmente a la luz del caso de Kilmar Abrego García, quien se encontraba legalmente en Estados Unidos con una orden de no ser deportado a El Salvador, pero de todos modos fue llevado a la prisión del país centroamericano.
Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a la administración de Trump que “facilite” su regreso, no que lo “efectúe”, el gobierno respondió asegurando que esa decisión depende de El Salvador.
Ante esto, la defensa de Abrego señala que esta respuesta ha sentado las bases para que el equipo de Trump envíe a un ciudadano estadounidense a una prisión extranjera y luego alegue que esa persona no puede ser devuelta.
Al respecto, el juez Harvie Wilkinson, cuestionó que “si hoy el Ejecutivo reclama el derecho a deportar sin el debido proceso y haciendo caso omiso de las órdenes judiciales, ¿qué garantía habrá mañana de que no deporte a ciudadanos estadounidenses y luego renuncie a la responsabilidad de traerlos a casa?”.
JUSTICIA BAJO AMENAZA
Además, esta semana, la administración Trump dejó claro que “nadie está por encima” de su particular visión de “la ley” al arrestar a dos jueces por “obstruir la aplicación de justicia” lo que levantó alarmas a nivel nacional por la interferencia directa del Ejecutivo en materia judicial.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvo el pasado viernes a la magistrada Hannah Dugan, a la que acusaron de ayudar a un inmigrante a “evadir un arresto”.
El director del FBI, Kash Patel, afirmó que Dugan permitió que Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano que enfrentaba tres cargos menores, escapara de su sala de audiencias.
Seguidamente, la fiscal general Pam Bondi pareció amenazar a los demás jueces de la nación norteamericana con su potencial encarcelación si se oponen a las políticas migratorias de Trump.
“Estamos enviando un mensaje muy fuerte hoy”, dijo Bondi, quien recordó que los jueces no están por encima de la ley.
