Ofrecemos una pequeña crónica del siniestro vínculo entre las élites venezolanas de la cuarta república y la infiltración de la CIA y la DEA en el país
MISIÓN VERDAD
RNCC / FOTOS CORTESÍA
El narcotráfico en Venezuela fue, durante décadas, un secreto a voces que encontró eco en las columnas periodísticas, develando una oscura trama en la estructura vital del Estado venezolano, desde los cuerpos policiales hasta las más altas esferas de Miraflores. Este auge coincidió con el periodo en que el puntofijismo se consolidaba como el único modelo político posible para el país.
A principios de la década de 1980, la cocaína dominaba las discotecas de Caracas, Valencia y Maracay. Este fenómeno no fue casual ni silencioso. Altos oficiales norteamericanos ya habían anunciado el crecimiento del narcotráfico a pesar de la supuesta lucha global pregonada por la Casa Blanca. De hecho, la expansión del narcotráfico en Latinoamérica mostró una relación directa con el despliegue del Comando Sur en la región.
EL DESEMBARCO DE LA DEA Y LA CONEXIÓN CAP
La inserción institucionalizada del narcodelito en Venezuela se hizo evidente a partir de agosto de 1974, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), recién electo, firmó un convenio con Estados Unidos para establecer la oficina regional de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Caracas.
El mismo CAP no estuvo exento de escándalos, no solo por su conocida amistad con capos importantes de Colombia, sino por haber sido involucrado en transacciones financieras que comprometían la legitimidad de capitales en operaciones de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Durante la década de 1990, varios casos salieron a la luz pública, a menudo motivados por pugnas dentro de los círculos de poder. Estas revelaciones expusieron el estrecho vínculo de la CIA y la DEA en la exportación de drogas desde Venezuela, lograda mediante la infiltración y el control interno de las fuerzas armadas venezolanas.
Las llamadas “operaciones antidrogas” en Latinoamérica sirvieron de fachada para que la CIA penetrara los cuerpos de seguridad del Estado, condicionando sus decisiones, altos mandos, ascensos y operaciones en el territorio. Venezuela, dada su ubicación geográfica estratégica, fue un objetivo primordial, al igual que Colombia, Bolivia o Perú.
EL HOMBRE DE CONFIANZA DE LA CIA
Mientras estos escándalos se gestaban, un dato financiero global ponía en perspectiva la dimensión del negocio. En agosto de 1985, cuatro grandes bancos de Nueva York fueron multados por 1.200 millones de dólares por facilitar transferencias de dinero de bandas criminales y narcotraficantes. Uno de ellos fue el Chase Manhattan Bank, que en Venezuela tenía como hombre de confianza a Pedro Tinoco hijo, uno de los “Doce Apóstoles” de CAP. Esta entidad financiera, aún preponderante en Wall Street, pertenece a David Rockefeller, una figura clave en la planificación geopolítica sobre Venezuela y principal artífice del puntofijismo.
En este contexto de infiltración y lavado de dinero, la CIA tenía en los años 80 a su “hombre más confiable”: el general Ramón Guillén Dávila, entonces jefe de la unidad antidrogas de la Guardia Nacional.
GUILLÉN DÁVILA: DE ANTIDROGAS A NARCOTRAFICANTE PROTEGIDO
Guillén Dávila, el mismo que en 2007 sería detenido por participar en un plan conspirativo para asesinar al presidente Hugo Chávez, trabajó estrechamente con la CIA y la DEA en “operaciones antidrogas” para supuestamente desmantelar redes de narcotráfico con origen en Colombia.
Sin embargo, el 29 de noviembre de 1993, la verdad explotó: durante el programa de noticias estadounidense 60 Minutes, el exjefe de la DEA, Robert C. Bonner, afirmó que Ramón Guillermo Dávila y la CIA habían trabajado juntos para contrabandear al menos 22 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Un cargamento de 800 libras incautado ese mismo año en el Aeropuerto Internacional de Miami terminó por develar el modus operandi.
El periodista de investigación Michael Levine alertó que Guillén Dávila operaba con la protección de la CIA y que sus operaciones de narcotráfico internacional desde Venezuela eran supervisadas directamente por la agencia de inteligencia. Al parecer, la DEA había quedado fuera de este lucrativo negocio, lo que podría explicar las acusaciones de Bonner. El escándalo se hizo insostenible. En 1993, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación que implicaba a dos agentes de la CIA en Venezuela en el envío de dos mil libras de cocaína a Estados Unidos, cuyo beneficiario era un brazo del Cártel de Medellín de Pablo Escobar. El agente Mark McFarlin, agregado de la CIA en Caracas, fue expulsado de la organización, y otro agente no identificado también fue sometido a procedimientos disciplinarios.
The New York Times reseñó una pugna de intereses aún más reveladora: en 1989, los agentes de la CIA Jim Campbell y Mark McFarlin se reunieron con la agregada de la DEA, Anabelle Grimm, para discutir los envíos de cocaína (mediante su operador Guillén Dávila), supuestamente para recabar información sobre cárteles colombianos. Aunque Grimm se opuso a la operación, no notificó a sus superiores que la agencia de inteligencia estaba traficando cocaína, haciendo de su omisión una forma de complicidad.
UN ASUNTO DE POLÍTICA, NO SOLO POLICIAL
El funcionariado del puntofijismo y los medios de la época hicieron creer a la población que el problema del narcotráfico era meramente policial, un asunto punitivo que debía ser aplacado con la fuerza de las armas, y no un tema de profunda raigambre política.
Un informe emitido por la CIA al Congreso en 1994, citado en el libro El narcotráfico y la descomposición política y social de Elsa Fernández Andrade, confirmó lo contrario. James Woolsey, director de los servicios es tadounidenses, sostuvo que el narcotráfico en América Latina había ido más allá de la simple corrupción, empezando a influir en las elecciones y la política económica. Mencionó específicamente a Venezuela y Colombia como ejemplos de las “serias ‘dislocaciones’ económicas que están ejerciendo los narcotraficantes”.
Esto se confirmó con el indulto presidencial de Ramón J. Velásquez al narcotraficante Larry Tovar Acuña en 1993, quien tenía vínculos directos con el Cártel de Medellín. Los últimos años del puntofijismo quedaron marcados por la narcolaboración a plena luz pública, sin vergüenza, a cambio de grandes sumas de dinero, como los 800 mil dólares que habría pagado Luis Salvador Tovar por el indulto.
Aunque la exportación de drogas desde Venezuela por la CIA y la DEA es lo suficientemente grave como para despojar de credibilidad las acusaciones contra Venezuela como supuesto “narcoestado”, otro dato revela las profundidades del negocio: hasta el año 2005, cuando la DEA operaba en Venezuela, el país registraba 215 hectáreas cultivadas de distintas drogas.
Desde ese año hasta el presente, la ONU ha calificado a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos, lo que pone en relieve la frontal lucha contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno Bolivariano tras la salida de la DEA del país. Este dato contrasta con la situación de Colombia, donde la DEA operó libremente hasta hace poco, y cuya producción y exportación de drogas hacia Estados Unidos no ha dejado de aumentar.
