Venezuela viene aprobando un conjunto de nuevas leyes, enmarcadas en la Ley Antibloqueo de 2020, que otorgó al Ejecutivo facultades excepcionales para inaplicar normas que obstaculizaran la recuperación económica bajo sanciones
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MISIÓN VERDAD / RNCC / FOTOS CORTESÍA
Desde el 3 de enero de 2026 Venezuela ha desplegado una estrategia jurídico-económica que busca reactivar sus sectores primarios sin ceder soberanía. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la promulgación de la Ley Orgánica de Minas, ambas aprobadas en el primer cuatrimestre del año, representan el núcleo de un diseño estatal que articula la atracción de capital extranjero con la defensa de los recursos nacionales, en sintonía con la Ley Antibloqueo de 2020 y en respuesta a un complejo escenario de sanciones estadounidenses.
LEYES DE HIDROCARBUROS Y DE MINAS: NOVEDADES Y AVANCES
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) en enero de 2026, incorpora mecanismos probados bajo la Ley Antibloqueo, particularmente los Contratos de Participación Productiva (CPP). Según declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estos instrumentos permitieron que un campo que producía 23 mil barriles diarios en abril de 2024 alcanzara 110 mil barriles en diciembre de 2025. La nueva normativa mantiene la propiedad estatal de los yacimientos, pero flexibiliza los esquemas contractuales para operadores privados, lo cual reduce la participación obligatoria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y habilita arbitraje internacional para resolver disputas, elemento clave en favor de inversores extranjeros.
El instrumento legal abandona la prohibición de las concesiones perpetuas para permitir asociaciones público-privadas más flexibles. Según análisis del economista Asdrúbal Oliveros, esta reforma es “el cambio más relevante desde la nacionalización de 1976”. La norma permite a PDVSA ofrecer “incentivos especiales” en el cálculo de la regalía y la carga impositiva, siempre que los contratos se enmarquen en las figuras de la Ley Antibloqueo.
Paralelamente, la Ley Orgánica de Minas, promulgada el 16 de abril de 2026, establece un régimen de concesiones de hasta 30 años, renovables por 20 adicionales, para la explotación de oro, coltán y minerales críticos. La norma crea una Superintendencia de Actividad Minera y fija regalías de hasta 13% sobre el valor comercial, lo que busca formalizar un sector históricamente dominado por la extracción informal. Además, el texto incluye “cláusulas de protección a la inversión” y permite que los contratos se rijan por derecho extranjero en casos de disputas comerciales.
El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la AN, enfatizó que el marco legal busca ser “atractivo, seguro y profundamente venezolano”, reconociendo propuestas de empresas como Repsol sin ceder autonomía legislativa frente a presiones externas.
Ambas leyes se enmarcan en la Ley Constitucional Antibloqueo, aprobada en octubre de 2020, que otorgó al Ejecutivo facultades excepcionales para “inaplicar” normas que obstaculizaran la recuperación económica bajo sanciones. Analistas señalan que este instrumento, que permitió la firma de 29 CPP, hoy sirve de base para la reforma permanente del sector hidrocarburos.
LA VÁLVULA DE LAS LICENCIAS ESTADOUNIDENSES
La estrategia venezolana opera en tensión con el régimen sancionatorio de Estados Unidos. Entre enero y marzo pasados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias generales (46A, 47, 48, 49 y 50A) que autorizan transacciones específicas con el sector energético venezolano. La 46A permite a empresas estadounidenses establecidas comercializar petróleo venezolano; la 47 autoriza la venta de diluyentes; la 48 habilita servicios para exploración y producción; y la 50A otorga márgenes operativos ampliados a petroleras como Chevron, BP y Repsol.
Estas autorizaciones facilitan aspectos operativos y financieros —como el acceso a diluyentes, tecnología y mercados— pero mantienen intactas las sanciones estructurales contra el Estado venezolano.
Para el sector minero, en marzo pasado, la OFAC fue más allá con las licencias 51A, 54 y 55, que autorizan explícitamente transacciones con el sector de minerales venezolano, incluido el oro, aunque prohíben tajantemente la formación de nuevas empresas mixtas con actores rusos, chinos o iraníes.
El vicepresidente de la AN, Pedro Infante, reconoció la dualidad de la situación al denunciar la persistencia de 1 081 Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas contra el país y agregó que “un Estado soberano no debería depender de autorizaciones externas para manejar sus recursos”. Aun así, admitió que son “la vía obligatoria para asegurar ingresos” . De hecho, las licencias 56 y 57 (abril 2026) permitieron el desbloqueo del sistema bancario público —Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, entre otros—, lo que facilita las cámaras compensatorias en dólares para que las empresas privadas puedan cobrar, aunque bajo la atenta mirada del Tesoro estadounidense .
Un análisis de Holland & Knight señala que las licencias “reducen la participación obligatoria de PDVSA” y “formalizan mecanismos de arbitraje internacional”, lo cual proporciona seguridad jurídica para el capital extranjero pero bajo estrictos requisitos de reporte y cumplimiento de la legislación estadounidense. Esta dualidad refleja una política de “alivio condicionado” en la que Washington permite cierta reactivación productiva sin levantar el cerco financiero global.
La Ley Antibloqueo funciona como contrapeso interno al permitir al Ejecutivo venezolano establecer estructuras contractuales que sorteen restricciones externas. No obstante, expertos advierten que la dependencia de licencias temporales genera incertidumbre para inversiones de largo plazo y esto limita el alcance de la recuperación sectorial.
¿PERSPECTIVAS DE AVANCE TENSO?
El desempeño macroeconómico reciente ofrece un escenario mixto. Según datos del BCV, el PIB creció 23% en el primer trimestre de 2026, con lo cual acumula 20 trimestres consecutivos de expansión. Sin embargo, la inflación alcanzó 71,8% en el mismo período, cifra que evidencia presiones persistentes sobre los precios. La proyección oficial anticipa un aumento de 55% en la inversión petrolera para 2026, pasando de 900 millones de dólares en 2025 a 1 400 millones, impulsada por la participación privada.
La reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, anunciada por la Presidenta encargada, representa un hito en la normalización financiera, aunque la mandataria aclaró que no está previsto un programa de endeudamiento con el organismo. Este movimiento, junto con la estabilización cambiaria derivada de subastas de divisas y el ingreso de recursos por exportaciones petroleras, busca contener presiones inflacionarias mientras se reactiva la capacidad productiva.
Las proyecciones indican que, aunque el PIB se recupera, el nivel sigue estando muy por debajo de los picos de 2012. Sin embargo, se espera que la flexibilización de las leyes de hidrocarburos permita elevar la producción de crudo a 1,5 millones de barriles diarios para finales de 2026, un aumento sustancial que aliviaría el cepo cambiario. Según Conindustria, este esquema híbrido podría inyectar hasta 6 000 millones de dólares en liquidez al sistema bancario nacional durante 2026, aunque siempre bajo el riesgo de que una administración estadounidense —la actual o una nueva— revierta las licencias.
El equilibrio que persigue el Estado venezolano radica en utilizar herramientas legales soberanas —Ley Antibloqueo, reformas sectoriales— para atraer inversión extranjera sin renunciar al control estratégico de los recursos. Como afirmó Jorge Rodríguez, “nadie va a venir a poner su dinero si no tiene las suficientes garantías”, pero el marco debe ser “profundamente venezolano”. En un contexto de bloqueo persistente, esta estrategia representa un intento de recuperar ingresos nacionales afectados por sanciones, mientras se preserva la autonomía decisional frente a condicionamientos externos.
La efectividad de este modelo dependerá de la capacidad para traducir el crecimiento macroeconómico en mejoras sostenibles para la población, reducir la inflación y consolidar un entorno institucional que combine seguridad jurídica para inversores con transparencia y rendición de cuentas. Las leyes de Hidrocarburos y Minas, articuladas con la Ley Antibloqueo y en diálogo tenso con las licencias de OFAC, constituyen piezas centrales de este desafío histórico y una realidad geopolítica en las que la soberanía legal y la dependencia financiera conviven de manera tensa pero funcional.
2026 inicia con la economía en el foco
Las noticias económicas en Venezuela están lloviendo una tras otra y, en casi todos los contextos, se trata de anuncios considerablemente positivos. El panorama económico en lo que va de año es de amplias perspectivas, e ilustrativo de un país que estabiliza e incrementa progresivamente sus ingresos, se revitaliza la inversión y se suspenden algunos obstáculos para la interacción de Venezuela en ciertos espacios del sistema financiero internacional. Tras siete años de interrupción —desde 2019—, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han anunciado la reanudación de relaciones con Venezuela. El reconocimiento a las autoridades venezolanas y a la presidenta Delcy Rodríguez en condición encargada ha sido la llave de este relanzamiento. Se trata de una medida discrecional de la Administración Trump que ha sido apoyada por sus aliados en ambas instancias financieras. Aunque el gobierno bolivariano en la era del Comandante Hugo Chávez, y luego con el presidente Nicolás Maduro, marcó distancia con estas instituciones, Venezuela preservó su membresía en ellas, al ser entes conectores con el sistema financiero internacional regido por Occidente, en el cual el país se mantuvo, a expensas del relacionamiento petrolero con Estados Unidos y otros países del hemisferio. Por lo tanto, no es correcto referir esto como el “reingreso” o “reincorporación” de Venezuela en estos entes ya que su membresía nunca fue retirada. En realidad, las relaciones estaban suspendidas una vez que el gobierno estadounidense de Donald Trump en 2019 calificara a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El anuncio, por defecto, podría desbloquear en el corto plazo el acceso a casi 5 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), que posee Venezuela en el FMI, sin que ello implique endeudamiento. Según indicó la presidenta encargada Delcy Rodríguez el acceso a esos recursos será clave para que sean invertidos en servicios públicos vitales y en recuperación de infraestructura estratégica. En este sentido, tal inversión podría ser prioritaria si se toma en cuenta que las deficiencias en el sistema actual limitan la recuperación económica. El anuncio, que implica la reanudación de los vínculos financieros de Venezuela con el mundo occidental, también abre paso hacia un eventual proceso de reestructuración de la deuda externa, estimada en más de 60 mil millones de dólares solo en bonos en mora. Justamente, el FMI elevó su previsión de crecimiento en la economía venezolana para este año al situar su estimación en terreno positivo, de 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Sobre los asuntos de deuda y el FMI, la mandataria descartó la participación de Venezuela en programas de endeudamiento de esta instancia. En otro orden de ideas, el pasado 17 de abril de 2026 se oficializó el nombramiento de Luis Pérez González como presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), tras la renuncia de Laura Guerra. Pérez viene de ocupar cargos en el Viceministerio de Ecominería y el Bandes. La labor del BCV sugiere una continuidad en la política de control monetario, pero con un enfoque más acelerado hacia la digitalización y hacia la integración con el sistema financiero internacional, ahora en una nueva etapa. Una de las tareas del ente sigue siendo la de mitigar una inflación que, aunque ha bajado de los niveles históricos de hiperinflación, sigue proyectándose por encima de tres dígitos para el cierre de 2026, según varios análisis. El sector de hidrocarburos sigue consolidándose como el nicho de inversión y crecimiento económico más importante del país. Hace poco, la petrolera española Repsol ha confirmado que está lista para elevar su producción en Venezuela hasta 50% en un plazo de 12 meses. Repsol produce actualmente unos 45 mil barriles diarios —principalmente mediante la Empresa Mixta Petroquiriquire, de mayoría venezolana—. Un aumento de 50% llevaría su producción a casi 70 mil barriles diarios. Más allá del crudo, Repsol y la italiana ENI han firmado acuerdos estratégicos para el campo Cardón IV, lo que asegura la producción de gas natural durante todo 2026. Esto es clave para alimentar la industria eléctrica nacional y demás requerimientos de gas en el país. Sin embargo, la estrategia integral apunta hacia la consolidación de una arquitectura exportadora de gas venezolano, movimiento que valida que las empresas europeas ven un entorno de menor riesgo sancionatorio y mayor seguridad jurídica bajo las nuevas licencias. Hace días la estatal PDVSA firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron que amplía la participación de dicha corporación en negocios nacionales, lo cual preserva la mayoría accionaria venezolana en campos y desarrollos. El acuerdo busca un incremento sustancial en la extracción de hidrocarburos para consolidar la mayor producción del país a través de sus tres empresas mixtas activas. El modelo de negocio sugiere también un reequipamiento de la cadena de refacciones e insumos, que es favorable a Venezuela, ya que estas actividades habían sido seriamente afectadas por años de sanciones económicas ilegales. El acuerdo fue liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto con representantes de Chevron, quienes destacaron que este paso fortalece la colaboración de largo plazo con Venezuela. La empresa norteamericana y sus predecesoras han tenido más de 100 años de presencia en el país. En un mensaje dirigido a la nación este 19 de abril Rodríguez señaló que, al cierre del mes en curso, Venezuela podría alcanzar los niveles de producción petrolera que obtuvo el pasado diciembre, justo antes de que el cierre marítimo estadounidense se consolidara. En diciembre, la producción petrolera venezolana tocó la meta de 1,2 millones de barriles de crudo, el cual sería el nivel de producción más alto en los últimos 6 años. Gran parte de las variables económicas yace en las perspectivas de estabilidad política, el flujo de licencias estadounidenses y el proceso de “normalización progresiva y pragmática” de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, sumergidas en el pulseo entre la presión y la flexibilización. Uno de los grandes desafíos del gobierno venezolano es el de trasladar la recuperación macroeconómica hacia la vida y las condiciones materiales elementales de la población, es decir, hacer la recuperación palpable para la gente. En este sentido, mitigar la devaluación monetaria, contener la inflación, lograr un mejoramiento nominal y real en los ingresos de la clase trabajadora, así como mejorar la calidad de algunos servicios públicos son algunos de los nudos críticos a resolver..
